(InfoGEI) Un grupo de investigadores de 10 universidades nacionales participaron en la realización de un informe que releva las condiciones socioeconómicas y sanitarias de las comunidades de pueblos originarios durante el aislamiento preventivo.
"Se trata de poblaciones afectadas por condiciones históricas. Lo que muestra el relevamiento es que se profundizaron desigualdades ya existentes en cuestiones socioeconómicas, sanitarias, educativas y alimentarias, entre otras", afirmó a la Agencia CTyS-UNLaM Malena Castilla, becaria postdoctoral del CONICET e investigadora de la Universidad de Buenos Aires, quien estuvo como integrante del trabajo.
Según manifiestan en el documento, estas condiciones de vulnerabilidad complejizan su situación ante la decisión del Gobierno Nacional de implementar el ASPO. "La falta de agua, por ejemplo, es una situación sumamente crítica. Muchas de las comunidades no pueden acceder al agua potable y consumen de fuentes contaminadas, con lo que tienen luego enfermedades digestivas. En otros casos, el acceso al agua es por aljibes o canillas comunitarias, por lo que obtenerla implica romper el aislamiento", señaló Castilla, quien trabaja con comunidades qom en Pampa del Indio, al norte del Chaco.
Norma Naharro, investigadora de la Universidad Nacional de Salta, agregó que, en esta provincia, "ya en enero se declaró la emergencia sociosanitaria por muerte por hambre, con integrantes de la comunidad wichi como víctimas y que hizo que se activara toda una serie de políticas públicas. Si partís desde esa base, la situación de cuarentena no hace más que complicar todo el escenario".
Por su parte, para Julia Colla, becaria doctoral del CONICET y docente de la Universidad Nacional del Litoral, el escenario se complejiza con las dificultades para acceder al sistema sanitario. "En Chaco, hay pueblos donde ni siquiera hay médicos presentes de forma permanente. En lugares así, si se detectaran casos de coronavirus, la situación podría ser desastrosa", alertó la investigadora.
La implementación del ASPO implicó clases a distancia en todos los niveles educativos, un fenómeno que, de acuerdo al informe, también supone un punto crítico para las comunidades originarias. "Hay muchas complicaciones a la hora de pensar la conectividad, porque no todos tienen las mismas posibilidades", analizó Marcela Valdata, investigadora de la Universidad Nacional de Rosario y directora del área de Pueblos Originarios en la Municipalidad.
El informe también alerta sobre la violencia ejercida sobre las comunidades originarias de parte de algunas instituciones. "A lo largo de este tiempo, nos hemos encontrado con muchas situaciones de violencia por parte de la policía. Generalmente trabajamos los casos con la Secretaría de Derechos Humanos, que, a su vez, articula con el Ministerio de Seguridad", explicó Valdata.
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